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MYPES cobraran intereses si no reciben pagos en 30 días

Mediante la Ley N°31362, publicada el 28 de noviembre de 2021 en el diario oficial El Peruano, se establece que el plazo para poder cancelar facturas o recibos por honorarios a las micro y pequeñas empresas (Mype) será de 30 días calendarios, contados a partir de la fecha de emisión, con la finalidad de propiciar el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios girados a empresas del sector privado, así como también a entidades públicas. Ello, con el propósito de impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna provisión de liquidez (capital de trabajo) a las Mype).

Las Mype que se encuentran en el alcance de esta ley son aquellas definidas en el artículo 5 del TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, y modificatorias; es decir, cualquier persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, con los siguientes niveles de ventas:

Microempresa Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Pequeña empresa Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En ese sentido, la referida ley dispuso que el proveedor debe emitir la factura o recibo por honorarios correspondiente, en el momento que se apruebe la conformidad del bien entregado o servicio prestado.

Asimismo, la empresa privada o entidad pública adquiriente del bien o servicio tiene un plazo de 8 días calendario contados a partir de la recepción del bien o servicio, para otorgar la conformidad de acuerdo con lo establecido en la orden de compra, contrato o términos de referencia u otro documento que acredite la adquisición. Debe tenerse en cuenta que la conformidad del bien o servicio entregado debe constar por escrito mediante el cargo correspondiente.

En caso se proceda de la forma descrita, la ley señala que el pago del monto total de las facturas o recibos por honorarios emitidos por el proveedor deberá ser cancelado de forma efectiva en un plazo máximo de hasta treinta días calendario, contados a partir de la fecha de emisión. Asimismo, si las empresas acordaran realizar el pago en cuotas, la disposición para el pago dentro de los treinta días calendario, se aplica para el pago de la primera cuota.

Como excepción se indica que el proveedor y el adquirente del bien o usuario del servicio pueden establecer, de común acuerdo, un plazo distinto al de los 30 días indicado, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran en él y no constituya abuso para el proveedor de bienes o servicios

Adicionalmente la Ley establece que, de no efectuarse el pago dentro del plazo de 30 días señalado, el adquirente cae en mora a partir del día siguiente, debiendo, además, abonar los intereses moratorios hasta la fecha en que efectúe el pago.

 

Reglamento de la Ley

Mediante el Decreto Supremo N°120-2022-EF, publicado el 12 de junio de 2022, se reglamentó la Ley N°31362, en la que se ha dispuesto que el proveedor de bienes o servicios, bajo la ley en mención, no debe tener ventas anuales que superen las 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Sobre este punto, resulta innecesaria esta precisión del reglamento, toda vez que la Ley ya lo sujetaba al Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE.

De otro lado, establece que la Mype, simultáneamente con la emisión de la factura o recibo por honorarios, debe cumplir con entregar al adquirente del bien o usuario del servicio lo siguiente:

  1. Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
  2. Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

Con ello, el pago del monto total de las facturas o recibos por honorarios emitidos por el proveedor de un bien o servicio deberá hacerse efectivo en un plazo máximo de hasta 30 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, como dispone la Ley.

Respecto a la mora por no pago dentro del plazo, se precisa que se pagará el interés moratorio que haya sido pactado y, en ausencia de pacto se aplicará la tasa de interés para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero conforme a la circular del Banco Central de Reserva del Perú publicada en su portal web.

Cuando el proveedor y el adquirente del bien o usuario del servicio establezcan, de común acuerdo, un plazo distinto para el pago, debe constar en un documento protocolizado mediante escritura pública o con firmas legalizadas notarialmente, que debe consignar como mínimo la información siguiente:

  • Identificación de las partes
  • Fecha de celebración del acuerdo
  • Plazo de pago acordado
  • Tasa de interés
  • Vigencia del acuerdo

En caso se acuerde un pago en cuotas, adicionalmente, se consigna las fechas de cada cuota de pago y firma de las partes con la declaración expresa por parte del proveedor que en el acuerdo no se constituye abuso.

El pago de la factura o recibo por honorarios debe realizarse a través de empresas del sistema financiero, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias; lo que acredita el cumplimiento de la obligación dineraria del adquirente del bien o usuario del servicio.

Opinión de la CCL

Consideramos que, lamentablemente, tanto la Ley como el reglamento bajo comentario, contienen dispositivos que no ayudan al pretendido objetivo de impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna provisión de liquidez a las micro y pequeñas empresas.

Así, si la Ley tenía algunas imprecisiones que podían dificultar su aplicación, ahora el reglamento publicado, en lugar de contribuir a su entendimiento, incorpora más dificultades para su operatividad.

En esa línea, por ejemplo, resulta una exigencia muy gravosa, el exigir escritura pública o legalización del acuerdo de plazo distinto de pago, toda vez que genera gastos adicionales, además de tiempo requerido en trámites presenciales, verificación de la capacidad legal de los representantes del proveedor, recabar vigencias de poder u otros documentos que permita confirmar las facultades correspondientes.

Asimismo, respecto de la documentación para la acreditación de facturas o recibos por honorarios emitidos por la Mype, es un absoluto exceso requerir que se entregue una copia de la Declaración anual de impuesto a la Rentas, además de anacrónico, existiendo muchas otras posibilidades de verificar electrónicamente si el proveedor se encuentra en el rango de ventas para ser considerada una Mype.

No se toma en consideración lo establecido en artículo 2° inciso 5) de la Constitución Política del Perú pues se estaría vulnerando el derecho a la reserva tributaria, al exigir para aplicar los dispuesto la ley y su reglamento, que se brinde la declaración jurada del IR, aun cuando la entrega sea voluntaria, toda vez que los datos económicos tienen la característica de ser personales, y en consecuencia, su recolección y/o circulación se halla inevitablemente vinculada a una posible vulneración de la intimidad.

Adicionalmente, el reglamento pierde la oportunidad de aclarar cómo opera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°31362, respecto a la oportunidad de emisión del comprobante de pago, en los supuestos que se pueden presentar.

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BCR: Las tasas de interés descendieron en setiembre

Como consecuencia de la flexibilización en las condiciones monetarias.

En setiembre de este año se observó una reducción significativa de las tasas de interés en los nuevos créditos en todos los segmentos empresariales, principalmente en las micro y las pequeñas empresas (mypes), y en las medianas, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Detalló que este descenso se asocia, en gran parte, a la flexibilización de las condiciones monetarias del ente emisor, que mantuvo la tasa de referencia en 0.25%, y al efecto de los nuevos créditos asociados al programa Reactiva Perú.

Evolución

La tasa de interés en soles para los créditos de las microempresas se redujo desde 42.78%, en abril, a 10.73%, en setiembre.

El costo en moneda nacional para los préstamos a las pequeñas empresas bajó desde 22.19%, en abril, a 6.15% ,en setiembre; mientras que los destinados a las medianas unidades productivas lo hicieron de 9.33% a 4.23%.

“Ello refleja el efecto de los desembolsos asociados al programa Reactiva Perú”, finalizó la autoridad monetaria.

Empleo

Esta semana, el presidente del BCR, Julio Velarde, informó que las empresas beneficiarias del programa Reactiva Perú generan dos millones 800,000 puestos de trabajo en el ámbito nacional.

“Más de las dos terceras partes del empleo formal está en las empresas cuyo número de trabajadores supera los 50 y cerca del 46% en unidades que superan las 10 personas”, detalló

El funcionario destacó la participación de las pequeñas empresas como las principales beneficiarias de este programa de garantías dispuesto para mantener la cadena de pagos y afrontar los efectos negativos de la pandemia.

Explicó que las empresas más grandes no recibieron estos recursos “porque no les interesa, ellas obtienen créditos a tasas de interés menores que las asignadas por Reactiva Perú”.

Mencionó que la tasa a tres meses para créditos corporativos está en 0.7%, “menos de la mitad que en Reactiva Perú”.

Velarde subrayó que en ningún momento faltó dinero.

“En la primera parte de Reactiva Perú colocamos 27,600 millones de soles y ya no se tenía demanda”, anotó el titular del ente emisor.

Fuente: https://elperuano.pe/

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Sunat: 10 empresarios fueron sentenciados con cárcel efectiva por usar facturas falsas

Los involucrados deberán pagar una reparación civil de más de S/ 2 millones. Los detalles, aquí

Los juzgados judiciales de Arequipa han condenado con pena privativa de la libertad a 10 empresarios acusados de defraudación tributaria en lo que va del año, según informó la Sunat.

Durante la aplicación de sus auditorías, el ente fiscalizador detectó que los empresarios hicieron uso de facturas falsas para pagar menos impuestos.

El gerente de la empresa Solinorma, Rocco Solimano Liceti, y su administradora, Mónica Calderón, fueron sentenciados a 8 y 5 años de cárcel respectivamente por el delito de defraudación tributaria. La compañía deberá deberá pagar una reparación civil de S/ 1.7 millones a favor del Estado.

Asimismo, se condenó al gerente de Exportaciones e Importaciones Servicios Generales Ampuero Hermanos, Fernando Ampuero Begazo, a 8 años de prisión efectiva.

Sus cómplices Yony Seminario Cruz, Juan Pachérrez Reyes, Julio César Pachérrez Reyes y Ramón Reyes Gómez, fueron sentenciados a 5 años de cárcel, además de que deberán pagar una reparación civil de S/ 127,542.

La Sunat también señaló que se condenó a Jesús Hinojosa Ramos a 5 años de prisión efectiva por su vinculación con la empresa Setrans, que había cometido defraudación tributaria.

La institución detectó el uso de facturas falsas durante sus acciones de control y fiscalización. A través de las pruebas obtenidas, se procedió a realizar las respectivas denuncias. En total, el monto de la reparación civil asciende a S/ 2’024,449.00 más intereses.

 

Fuente: Diario Gestión

Fecha: 25/02/2020

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TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEBEN DEMOSTRAR QUE PERCIBEN MENOS DE S/ 29,400 AL AÑO PARA ACOGERSE AL REJA

La SBS publicó reglamento para acogerse al REJA. Se indica los pasos diferenciados. Uno, para los que no poseen RUC; y otro para los que sí tienen y que son potenciales perceptores de rentas de cuarta categoría y/o quinta categoría.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó hoy la resolución respecto al procedimiento operativo de la Ley Nº30939, que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, así como también modificaciones a la Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO).

¿Qué establece la norma? Los pasos diferenciados para los afiliados que se acojan al REJA. Uno, para aquellos que no poseen RUC; y otro para los aquellos que sí tienen RUC, y que son potenciales perceptores de rentas de cuarta categoría y/o quinta categoría.

A dicho efecto, deben suscribir una declaración jurada que valide la situación de desempleo y/o no percepción de ingresos de Cuarta Categoría, cuyo formato forma parte integrante de la referida resolución.

En el caso de estos últimos, los afiliados deben demostrar que perciben ingresos anuales menores o igual al valor equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en los últimos 12 meses (S/ 29,400). Para ello deberán presentar ante la AFP un documento que será tramitado por el afiliado ante la Sunat.

En el caso de la JAO, se establece el procedimiento para acceder al beneficio, considerando que el promedio de remuneraciones de los últimos diez (10) años para evaluar el acceso, no considerará las gratificaciones de julio y diciembre.

También se hace referencia a las fechas en las cuales no resulta de aplicación las modificaciones a la JAO, respecto del aporte voluntario que hayan efectuado los afiliados en dicho período.

 

 

Fecha: Martes 21 de mayo de 2019

Fuente: Diario Gestión.

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DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS: TRABAJADORES DEBERÁN PRESENTAR SOLICITUD A SUNAT DESDE ESTE LUNES ¿EN QUÉ CASOS?

Para acceder a la devolución del Impuesto a la Renta (IR) pagado en el 2018, desde este lunes 18 de febrero los trabajadores con rentas de 4ta categoría y un grupo de trabajadores con rentas de 5ta categoría deberán presentar su Declaración Anual de IR y solicitud de devolución en caso de deducción adicional por haber realizado ciertos gastos.

La resolución de la SUNAT N°015-2019, emitida hace unos días, establece que esta obligación regirá para todos los trabajadores con rentas de 4ta categoría, tal como ha sucedido en años anteriores.

Y en el caso de los trabajadores con rentas de 5ta categoría, deberán hacer este trámite quienes apliquen a la devolución por haber realizado el pago de intereses en un crédito hipotecario distinto a los otorgados por el Fondo Mivivienda.

Además, quienes tengan deducción por arrendamiento de un inmueble.

Y también en los casos en que se realice una atribución (reparto) de los gastos a deducir a un cónyugue o concubino, tanto por arrendamiento como por intereses de créditos hipotecarios (en el caso de atribuciones, también se incluyen los créditos del Fondo Mivivienda).

El Formulario Virtual N° 707 – Renta Anual 2018 – Persona Natural para la declaración y solicitud de devolución estará disponibles en SUNAT a partir del 18 de febrero.

Una vez realizado el trámite, SUNAT tendrá un plazo de 45 días hábiles para atender la solicitud (ver cuadro elaborado por Sunat).

Al respecto, el abogado tributarista Jorge Picón refirió que mientras el contribuyente no realice esta declaración y solicitud, no podrá acceder a la devolución de impuestos.

“La persona va a tener que revisar bien este formulario, pues si lo hace mal, retrasará su devolución”, advirtió.

devolución de impuestos

Devolución automática

Los trabajadores con rentas de 5ta categoría que tendrán devolución de impuestos (es decir, sin necesidad de presentar la declaración anual de IR ni solicitud) serán los que tienen créditos hipotecarios del Fondo Mivivienda.

Cabe recordar que solo hasta el IR del 2018 aplicaría la deducción por intereses pagados en un crédito hipotecario, ya que este beneficio fue derogado por el Gobierno y ya no regirá para el IR del 2019.

Asimismo, tendrán devolución automática los trabajadores con rentas de 5ta que hayan realizado gastos por honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios de renta de cuarta categoría.

También en el caso de las aportaciones a EsSalud por la contratación de un trabajador del hogar.

Y finalmente, en el caso del pago de servicios de profesiones y oficios vías rentas de cuarta categoría (recibos por honorarios). Para conocer la lista de profesiones u oficios cuyos pagos servirán para aplicar la deducción puede hacer clic aquí.

Para todos los casos de devolución automática de impuestos, la Sunat informó que el pago se realizará en el mes de abril.

 

Fuente: Diario Gestión

Fecha: Sábado 16 de febrero de 2019

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PLANTEAN RÉGIMEN LABORAL PARA LA PEQUEÑA EMPRESA SIN CTS NI GRATIFICACIÓN

Propuesta del Consejo Privado de la Competitividad es para las empresas de hasta 50 personas. También cambiaría aporte de Essalud por el SIS. CPC señala que iniciativa permitirá formalizar a 824 mil trabajadores.

La creación de un nuevo régimen laboral en favor de la pequeña empresa (aquella que cuenta con hasta 50 trabajadores) es otra de las propuestas realizadas por el Consejo Privado de la Competitividad (CPC) en el último CADE 2018.

Según detalla el informe del CPC, esta iniciativa podría permitir que 824 mil trabajadores informales con salarios promedio de S/ 1.584 pasen a ser trabajadores formales con sueldos de S/ 2.073. Para ello, el CPC propone reducir los costos no salariales como Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), gratificación, aportes a Essalud y la cobertura previsional.

Principales cambios

Tal como muestra la infografía, a diferencia del actual régimen laboral de la pequeña empresa, son cuatro los cambios que propone el CPC para crear un nuevo régimen laboral para este segmento.

Primero, eliminar el pago de CTS, que actualmente es de medio sueldo por año trabajado. Segundo, eliminar las dos gratificaciones anuales de medio sueldo.

Un tercer punto sería reducir el aporte del trabajador a la ONP o a la AFP de 13% a 4%. Por último, cambiar el aporte de 9% del empleador a Essalud por un aporte de S/ 15 al Seguro Integral de Salud (SIS).
Así, con este régimen propuesto, una pequeña empresa pasaría de invertir S/ 7.350 a S/ 2.212 por la contratación de un trabajador. Es decir, un ahorro de S/ 5.138 que, según los análisis del CPC, permitiría a la empresa formalizar a su trabajador.

Motor económico

Para Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE) y uno de los participantes de las mesas de trabajo del CPC, esta propuesta busca atacar a la informalidad laboral en un tramo mayor a  las microempresas. Según explicó, las pequeñas empresas  son estratégicas en la lucha contra la informalidad laboral.

“La pequeña empresa normalmente tiene mayor oportunidad de tener acceso a capital y tienen productividad más alta que una Mype. La lógica es que son estas (empresas) las que son el motor económico y pueden ayudar a incluir a una buena masa poblacional. Si logramos que estas sean formales, el panorama cambia”, comentó.

Más capacidades

Para Enrique Fernández Maldonado, laboralista de Trabajo Digno, el paso a la formalidad de las pequeñas empresas pasa por fortalecer sus capacidades productivas y no por el recorte de beneficios laborales.
“Eso pasa por invertir en capacitación de la fuerza de trabajo, facilitar el acceso al crédito, facilitar la innovación y la incorporación de tecnología a los procesos operativos que permitirían que esas unidades económicas mejoren su capacidad de producción, sean más rentables y sostenibles y puedan cumplir con la formalidad laboral”, comentó.

Fernández Maldonado considera que la estrategia de flexibilización de la regulación laboral “no ha dado resultados positivos o los resultados no han contribuido de manera sustancial a lo que se esperaba”. “Esto nos lleva a pensar que es necesario explorar otros mecanismos que permitan mejorar la situación”, concluye.

Claves

– El Consejo Privado de la Competitividad (CPC) es un centro de pensamiento del sector privado, impulsado por IPAE y la CAF, que presentó sus propuestas de reforma económica en CADE 2018.

– El CPC también propone otorgar carácter permanente al régimen laboral agrario, acuícola y forestal y extenderlo a sus cadenas productivas.

Evitar la subdivisión empresarial

– Uno de los problemas de los regímenes especiales es la subdivisión empresarial, mecanismo mediante el cual las empresas más grandes se subdividen para acogerse a los beneficios.

– Según el informe del CPC, «se espera un impacto de formalizar positivo, a diferencia de lo que pasó con las microempresas, debido a que la productividad de las pequeñas empresas es considerablemente superior al de las microempresas.

– Para Diego Macera, si bien se deben responder con una mayor fiscalización laboral y tributaria, «falta buscar soluciones un poco más innovadoras para ver cómo evitar los incentivos a la subdivisión empresarial».

– «No es un tema nuevo. Ya lo tenemos hoy y sucede de manera constantemente cuando damos incentivos para un tamaño de empresa», mencionó.

 

cade

 

Fecha: Lunes 10 de diciembre de 2018.

Fuente: LA REPÚBLICA

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The Economist: Las firmas de auditoría son resistentes, pero no inmortales

Los auditores a menudo son acusados de ser demasiado indulgentes con las compañías que analizan. Después de todo, esas compañías pagan las cuentas. Los cuatro que dominan el mercado, Deloitte, EY, KPMG y PwC, también ofrecen lucrativos servicios como consultorías y asesoramiento fiscal. Durante mucho tiempo se han generado preocupaciones de que los conflictos de interés pueden impedir que los auditores cuestionen una contabilidad deficiente.

Las recientes controversias se han centrado en KPMG, el más pequeño de los Big Four (cuatro grandes). En Gran Bretaña, los legisladores lo han criticado por aprobar las cuentas de Carillion, un contratista del sector público que más tarde se declaró en quiebra. Una investigación regulatoria está en curso. La semana pasada, los reguladores multaron a KPMG por mala praxis en sus auditorías a Ted Baker, un minorista de ropa.

En Estados Unidos, tres ex socios enfrentan cargos criminales por supuesta participación en el robo de información confidencial sobre los planes del regulador para inspeccionar las auditorías de KPMG. En Sudáfrica, KPMG está bajo investigación por su trabajo para compañías propiedad de la familia Gupta, que ha sido acusada de corrupción. Entre los presuntos delitos del auditor está permitir que los costos de una boda sean gastos comerciales.

Además de todo esto, en Emiratos Árabes Unidos KPMG ha estado bajo la lupa por sus auditorías de Abraaj, una firma de capital privado que se declaró en quiebra en junio. Los inversores en Abraaj afirman que el dinero de algunos fondos se utilizó para tapar agujeros en otros, y que KPMG no se dio cuenta.

Los escándalos han planteado preguntas sobre la cultura de KPMG. Los socios acusados de robo de datos en Estados Unidos eran de alto rango.

Ocho ejecutivos en Sudáfrica renunciaron luego de que una investigación interna concluyera que deberían haber cortado relaciones con los Guptas anteriormente. En Gran Bretaña, el regulador ha lamentado un «deterioro inaceptable» en la calidad de las auditorías. Por su parte, KPMG dice que ha dejado en claro a los accionistas que «cualquier conducta que viola su código de ética será tratada con firmeza».

Los socios que no cumplieron con los estándares en Estados Unidos y Sudáfrica fueron despedidos. La firma ha reconocido algunas fallas en Sudáfrica y dice que espera cooperar con una revisión regulatoria. También está tomando medidas para mejorar la calidad de las auditorías en Gran Bretaña.

Los problemas de KPMG empañan su principal activo: su reputación. Un golpe lo suficientemente fuerte podría derribarlo, interrumpiendo a su vez los mercados de capital. Según Audit Analytics, una empresa de investigación, KPMG auditó el 19% del S&P 500 en el 2017 y una cuarta parte de las empresas en el FTSE 350. Si los clientes huyeran, otras empresas tendrían que asumir esa labor.

Es bastante posible que lleguen más noticias desagradables. La investigación sobre la auditoría de KPMG de Carillion todavía está en curso, y el juicio contra sus ex socios en Estados Unidos comenzará en el 2019. Pero es en Sudáfrica donde la reputación de KPMG se ha visto más afectada. Sus vínculos con los Guptas han provocado el enojo público ante la corrupción estatal, dice Iraj Abedian de Pan-African Investment & Research Services, una consultora.

La firma ha despedido a más de 400 empleados; algunos socios principales han abandonado el barco. Se le ha prohibido auditar entidades del sector público; algunos clientes del sector privado, incluido el banco Barclays Africa, han cambiado de auditor. Abedian reconoce que los reguladores nacionales incluso podrían revocar su licencia.

Pero según Jim Peterson, que alguna vez fue abogado interno de Arthur Andersen, una firma de contabilidad que fracasó en el 2002, cada uno de los Big Four ha soportado tormentas similares a las que ahora golpean a KPMG. Los críticos atribuyen esta resistencia a un mercado descompuesto para servicios de auditoría.

Las grandes empresas pueden emplear a varios de los Big Four como consultores o asesores. Eso limita la elección de una empresa si quiere cambiar de auditor, porque los reguladores generalmente impiden que una sola empresa brinde muchos servicios de consultoría y auditoría simultáneamente.

Algunos se preguntan si el mercado concentrado y la posible alteración si fallara una gran empresa de auditoría, también llevan a los reguladores a tomar las cosas con calma. (Los reguladores sostienen que su prioridad es garantizar que la calidad se mantenga alta).

Una razón importante detrás de la capacidad de recuperación del negocio de auditorías es una característica que detiene los escándalos en un mercado que tiene mucho impacto en otros. En lugar de ser multinacionales estándar, las cuatro grandes son redes de firmas locales que comparten una marca pero que se administran por separado. Eso crea firewalls entre jurisdicciones. Las empresas auditoras pueden decirles a los reguladores y a los clientes que los problemas en otros lugares no tienen nada que ver con ellos.

Además, los clientes tienden a formar relaciones con su socio de auditoría individual; las noticias sobre la firma importan poco. Los inversores en general ignoran la selección de auditores (aunque una minoría significativa de accionistas de General Electric votó en contra de la renovación de KPMG este año).

Las redes contables han sobrevivido al cierre de oficinas locales antes. La filial de PwC en Japón cerró en el 2007. Su filial india ha sido inhabilitada para auditar clientes durante dos años, a partir de marzo. Eso ha pasado en gran parte desapercibido en otros lugares. Aun así, el destino de Arthur Andersen es beneficioso.

El colapso de Enron y WorldCom, dos grandes clientes, dio lugar a una serie de casos legales contra la empresa. Los clientes huyeron. Las firmas miembro hicieron lo mismo por miedo a la exposición a daños legales, dice Peterson. Las firmas de auditoría son resistentes, pero no son inmortales.

 

Fecha: Lima, 09 de setiembre de 2018

Fuente: Diario Gestión

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